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Estatizan el predio de la Rural en Palermo
Viernes 21 de DiciembrePor decreto, se consideró nula la venta que había hecho el gobierno de Menem en 1991 y justificó que se trata de una forma de cumplir con un fallo judicial, dictado por el juez federal Sergio Torres, en 2010. El Gobierno tomará el control desde hoy del predio ferial de la Sociedad Rural, en Palermo, una de las zonas más cotizadas de la ciudad de Buenos Aires. Mediante un decreto, la presidenta Cristina Kirchner dispuso revocar la venta que el Estado había hecho en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, por considerarla irregular.
Por esa operación, el juez federal Sergio Torres había procesado al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y a otras diez personas involucradas en la compraventa, a quienes consideró responsables de sustracción del patrimonio del Estado.
A partir de hoy, con la publicación en el Boletín Oficial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ex Onabe) tomará posesión del predio ubicado entre las avenidas Santa Fe y Sarmiento y las calles Cerviño y Santa María de Oro.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, fue el encargado de hacer el anuncio en la Casa Rosada, cuando la jefa del Estado ya se había ido a Río Gallegos para pasar la Navidad y en medio de los saqueos en Bariloche que más tarde se extendieron a otras ciudades del país. No contestó ninguna pregunta durante la conferencia que convocó y nadie en el Gobierno informó qué finalidad le dará el Estado al predio ferial.
Tampoco se aclaró qué pasará con la empresa que explota comercialmente el centro de exposiciones . Justamente esa firma, que se llama La Rural SA, está integrada en un 50% por la Sociedad Rural, un 25% por Fénix Entertainment Group y otro 25% por Alto Palermo, una firma del grupo IRSA, de Eduardo Elsztain. Estas dos últimas compañías tienen una muy cercana relación con la Casa Rosada y adquirieron sus partes hace menos de un mes (cuando ya había rumores de una posible estatización), después de que se las vendiera el diputado Francisco de Narváez. El primero que había lanzado las versiones había sido el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Fuentes oficiales dijeron anoche a LA NACION que "todo es ilegalmente de la Rural", con lo que la entidad perdería seguro su parte en esa otra compañía que explota el predio.
La medida no es una expropiación, que debería haber pasado por el Congreso, sino que se trató de una revocación de un viejo decreto de Menem que había autorizado la venta de esos terrenos del Estado. El inicio de esa operación fue un 20 de diciembre de 1991, mismo día en la que la Presidenta decidió anular la operación.
El primer artículo del decreto establece que se revocan tanto la vieja decisión de Menem como "todos aquellos actos dictados en consecuencia".
Abal Medina vistió de épica el anuncio y lo enmarcó en la política de "recuperación de capacidad y bienes del Estado" del kirchnerismo. Incluso, el jefe de los ministros comparó el control sobre el predio de la Rural que tomará el Gobierno con la estatización de las AFJP, Aerolíneas Argentinas y hasta YPF. "Esta política busca recuperar para todos los argentinos sus propiedades, sus capacidades, su decisión de autonomía", lo defendió Abal Medina.
El argumento central que usó el Gobierno para dar de baja la venta fue la investigación de Torres. "El juez interviniente consideró que quienes resultaron procesados sustrajeron del patrimonio del Estado Nacional el inmueble en el cual se ubica el predio ferial de Palermo mediante la maniobra de asignarle un menor valor", apuntan los considerandos del decreto presidencial.
Según detalló Abal Medina, la venta se había realizado por un "precio vil de 30 millones de dólares", muy por debajo de lo que determinó el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que el 29 de julio de 2010 fijó como valor real casi el doble: US$ 63.615.000 a valores de 1991.
"La propia doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho que si una transferencia de bienes estatales es efectuada con sustento en un precio vil resulta ilícita", justificó el jefe de Gabinete. Otra argumentación para la quita fue una deuda. "La Sociedad Rural ha dejado de pagar los compromisos contraídos por aquel acto administrativo, deuda que asciende -calculando intereses y penalidades- a $ 157.397.269,23", detalló Abal Medina.
El decreto que anula la venta contempla, en su artículo tercero, que la ex Onabe "determinará las compensaciones que pudieren resultar de la revocación dispuesta", es decir que deja abierta la puerta a algún tipo de indemnización. Antes de dejar intempestivamente la sala de conferencia de la Casa Rosada, el ministro dijo que habían tomado la decisión porque de otra manera estarían "incumpliendo los deberes de funcionario público".
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